Durante el encuentro se abordó todos los temas referentes al sector de la discapacidad, el cual trasladó a Fabra la "gravísima" situación por la que está atravesando este grupo de población por el retraso e impago de las ayudas y subvenciones destinadas al desarrollo de distintos programas de atención a personas con discapacidad y sus familias.

 

Los representantes del CERMI Comunidad Valenciana hicieron hincapié en las deudas de las consejerías de Empleo, Bienestar Social y Sanidad, que afectan directamente a la estabilidad de los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo, al trabajo protegido y a otros recursos esenciales, como son las residencias y viviendas tuteladas, y los programas de salud dirigidos a la prevención y recuperación de las enfermedades crónicas. 

 

Por su parte, a pesar de la situación de crisis, Fabra manifestó su voluntad de atender toda la problemática expuesta, después de el CERMI autonómico le solicitara, como medida urgente, que la Generalitat se ponga cuanto antes al corriente de los pagos adeudados hasta la fecha. 

 

En este sentido, desde Bienestar Social se reiteró que entre los meses de julio y agosto se librarán un 30% de los pagos y el otro 40% restante, en el cuarto trimestre de este año.

 

Asimismo, el CERMI Comunidad Valenciana solicitó a la Consejería de Sanidad que busque soluciones para que se siga garantizando la medicación gratuita a todas aquellas personas con discapacidad que carezcan de recursos o tengan escasos ingresos.

 

Por otra parte, el CERMI valenciano solicitó a Fabra que las políticas que se apliquen a la discapacidad se lleven a cabo de manera transversal, lo cual ha sido encargado a la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para que coordine al resto de consellerias en materia de discapacidad.

 

Otro de los compromisos adquiridos es que, “de manera inmediata”, se produzcan reuniones sectoriales entre el CERMI Comunidad Valenciana y los máximos responsables de las distintas consellerias, así como con sus respectivos equipos técnicos, con el fin de intercambiar información y avanzar en la resolución de los múltiples problemas que están aquejando y, en algunos casos, asfixiando al sector de la discapacidad.

 

El CERMI Comunidad Valenciana, que interpreta la política del Consell como un cambio de rumbo, solicitó la creación de una subcomisión parlamentaria en las Cortes Valencianas que debata permanentemente sobre las políticas activas para la discapacidad, ofreciéndose asimismo a trabajar conjuntamente, desde el tejido asociativo y la Administración, para la elaboración de una Ley de Servicios Sociales regional que se adecue a las necesidades actuales.